Resumen: Se estima que el beneficiario del RETA ha incurrido en un fraude a la ley al efectuar un incremento de las bases de cotización realizado en fechas próximas al hecho causante para obtener una mejora en el importe de la prestación. Se indica que si bien los trabajadores incluidos en el régimen de autónomos pueden cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización por la que viniesen obligados a cotizar, eligiendo otra dentro de los limites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio, lo cierto es que el incremento realizado en este caso no se ajusta a ningún cambio en la situación económica del actor, y no se justifica en causa alguna.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Madrid considerando que debe estarse al concierto entre ISFAS y las entidades aseguradoras y al hecho de que el ingreso del recurrente en la instancia en un centro hospitalario del SESCAM obedeció a una causa de urgencia vital, centro al que fue derivado desde un hospital concertado de ASISA. En detalle, entiende el TS que corre a cargo de las entidades aseguradoras con concierto con las entidades gestoras del régimen especial de funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas la asistencia sanitaria a un beneficiario de ISFAS por contagio de Covid-19, pues es ajena a una prestación de "salud pública", aun cuando la afección a la salud de los concretos titulares o beneficiarios traiga causa de esa infección y se haya producido en el contexto de la pandemia. La asistencia sanitaria dispensaba a un paciente con un régimen especial de protección social no se entiende excluida de las prestaciones sanitarias que la entidad aseguradora venía obligada a prestar. Ello es así, según el Alto Tribunal, porque ni la asistencia por la que se gira la liquidación implicaba una actuación en materia de salud pública, ni aún menos se trataba de una actuación de vigilancia epidemiológica. En definitiva, la prestación debió realizarse por la entidad concertada con la mutualidad correspondiente, concurriendo el presupuesto de hecho del precio público necesario para exigir su cobro y siendo la entidad aseguradora el tercero obligado al pago.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Madrid considerando que debe estarse al concierto entre ISFAS y las entidades aseguradoras y al hecho de que el ingreso del recurrente en la instancia en un centro hospitalario del SESCAM obedeció a una causa de urgencia vital, centro al que fue derivado desde un hospital concertado de ASISA. En detalle, entiende el TS que corre a cargo de las entidades aseguradoras con concierto con las entidades gestoras del régimen especial de funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas la asistencia sanitaria a un beneficiario de ISFAS por contagio de Covid-19, pues es ajena a una prestación de "salud pública", aun cuando la afección a la salud de los concretos titulares o beneficiarios traiga causa de esa infección y se haya producido en el contexto de la pandemia. La asistencia sanitaria dispensaba a un paciente con un régimen especial de protección social no se entiende excluida de las prestaciones sanitarias que la entidad aseguradora venía obligada a prestar. Ello es así, según el Alto Tribunal, porque ni la asistencia por la que se gira la liquidación implicaba una actuación en materia de salud pública, ni aún menos se trataba de una actuación de vigilancia epidemiológica. En definitiva, la prestación debió realizarse por la entidad concertada con la mutualidad correspondiente, concurriendo el presupuesto de hecho del precio público necesario para exigir su cobro y siendo la entidad aseguradora el tercero obligado al pago.
Resumen: Tras generar ante los diferentes servicios médicos la apariencia de estar afectado por el temor o miedo al contacto con el público en su trabajo en una tienda de venta de ropa, por los padecimientos pasados provocados por la enfermedad del Covid19, la realidad es que, al mismo tiempo que el actor se encuentra en incapacidad temporal, acude voluntariamente -pues nadie le obliga- a los eventos comentados y descubiertos por el detective privado, con una gran presencia de asistentes -en algunos casos miles de personas-. Por ello, no es tanto el número de actos en los que interviene, sino la valoración conjunta de haber creado la imagen de incapacidad -con la percepción de la prestación con cargo al empleador o entidad gestora- y al mismo tiempo estar participando de forma libre en otros acontecimientos incompatibles con la propia situación generada, de los cuales se presume habrá percibido retribución a cambio. Y ello, impide admitir un descargo en la sanción del trabajador aplicando la teoría gradualista, que en este caso estaría asentada en la larga duración de la relación laboral, insuficiente a tenor de la gravedad de los hechos descritos.
Resumen: COVID 19. CONTINGENCIA. ENFERMEDAD COMÚN O PROFESIONAL. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
